CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA DISPOSICIÓN ADICINAL DUODECIMA DEL REAL DECRETO-LEY 26/2020, de 7 DE JULIO

Publicado en Asesoramiento Jurídico COEMA - COVID-19

CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DUODECIMA DEL REAL DECRETO-LEY 26/2020, de 7 DE JULIO

10 de julio de 2020

Se ha enviado a la colegiación un comunicado de la Asesoría Jurídica de este colegio sobre consideraciones jurídicas sobre la Disposición Final Duodécima del Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio.  

El 9 de julio de 2020, ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda ( BOE, nº187, de 8 de julio ).

Aunque el título no parece afectar a otras actividades que las citadas, el Gobierno con una inadecuada y poco ortodoxa técnica legislativa sancionadora sin enmendar la legislación sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ha introducido en una Disposición final Duodécima, una modificación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En el artículo 7 de dicho Real Decreto se establecían una serie de obligaciones nuevas en materia de prevención de riesgos laborales que se hacían recaer sobre "el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades.

Dicha Disposición Final Duodécima establece:

"Se añaden tres nuevos apartados, 4, 5 y 6, al artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con la siguiente redacción:

«4. Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras. Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.
5. El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá conforme al procedimiento especial previsto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, o en la normativa autonómica de aplicación.
6. El régimen previsto en los apartados 4 y 5 se podrá adaptar en lo que las comunidades autónomas determinen dentro de su ámbito de competencias.».

En definitiva, es previsible Inspecciones de Trabajo en las Clínicas Dentales, como en otros centros laborales, por lo que, en evitación de sanciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, se recomienda tener actualizados y realizar todos los protocolos existentes, así como las informaciones recibidas de las empresas de prevención de riesgos laborales.

En el siguiente enlace podéis consultar los Reales Decretos a los que se refiere esta nota informativa:

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

 

 

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